LA TRIBUTACIÓN ESTADAL EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y EL SITUADO CONSTITUCIONAL.

-Texto de la conferencia presentada  en el evento organizado por

la Procuraduría General del Estado Aragua, el 22 de julio del 2000-

 

 

Carmelo De Grazia S.

 

 

 

 

I.                   DEFINICIONES FUNDAMENTALES: PODER TRIBUTARIO (ORIGINARIO Y DERIVADO) vs  COMPETENCIA TRIBUTARIA.

 

 

La doctrina tributaria clásica define el  Poder tributario como la facultad de crear o establecer tributos.

 

Semejante facultad,  desde el advenimiento mismo del parlamentarismo, es un “atributo legislativo”, de modo que sólo mediante “ley” pueden crearse impuestos, tasas y otras contribuciones (Cfr. artículo 316  C.).

 

Como consecuencia natural de lo anterior, la facultad de crear tributos sólo puede ser adjudicada a los entes político-territoriales –que en nuestro sistema federal de Estado son la República: Poder Nacional; los Estados: Poder Estadal; y los Muicipios: Poder Municipal- por cuanto son ellos los únicos que cuentan con órganos legislativos (Asamblea Nacional; Consejos Legislativos y Consejos Municipales) con competencia para dictar leyes creadoras de tributos.   

 

 

El Poder tributario puede ser “originario” o “derivado”.  Es originario  cuando proviene de la propia Constitución; y se denomina derivado, cuando la facultad de crear el tributo en cuestión no le ha sido asignada al ente público por la Constitución, sino que le ha sido otorgada por otro ente público, a través de mecanismos de desviación de  competencia, tales como “la delegación intersubjetiva” o la  “descentralización política”.

 

En resumen, el poder tributario consiste en la facultad concedida a los órganos legislativos de los entes político-territoriales, de sancionar normas jurídicas que establezcan la obligación de pagar un tributo, a cargo de  determinada categoría de individuos.  Si esa facultad es conferida directamente por la  Constitución, se dice que el poder tributario es originario; pero si ha sido otorgada mediante mecanismos de desviación de competencias, se afirma que se trata de un poder tributario derivado.

 

Ahora bien, paralelamente al poder tributario, está la facultad de recaudar o ejercer el cobro del tributo previamente creado y de administrar su producto. Esta facultad de gerenciar un tributo preexistente, puramente administrativa –no legislativa- es lo que se conoce como “competencia tributaria”. 

 

Al manifestarse el poder tributario en una esfera diferente a la competencia tributaria (el primero es un atributo legislativo, mientras que la segunda es una facultad meramente administrativa) ocurre que ambos pueden coexistir pero no es forzoso que así ocurra, de modo que, en el análisis de un determinado tributo, podemos encontrar que  la facultad de crearlo (poder tributario) corresponde a un ente político territorial, mientras que la competencia para recaudarlo y administrarlo pertenece a una persona jurídica diferente.

   

 

 

II.                LA REPARTICIÓN DEL PODER TRIBUTARIO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1999.

 

 

Hechas las anteriores precisiones conceptuales, podemos ahora hacer referencia a la forma como aparece repartido el poder y la competencia tributaria en la nueva Constitución.

 

A tal efecto, debemos comenzar recordando que la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, adoptó –al menos formalmente- el modelo federal a los fines de la organización del Poder Público. En efecto, en el proyecto elaborado por dicha Asamblea  y definitivamente aprobado por el pueblo mediante  referéndum del 16 de diciembre de 1999, se definió a la  República Bolivariana de Venezuela como “un Estado federal descentralizado” (art. 4 C).

 

En conformidad con lo anterior, el artículo 136 Constitucional consagró la distribución vertical del Poder Público al disponer que el mismo  “...se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional”.

 

Coexisten así, en el territorio venezolano, tres niveles diferentes del Poder Público, cada uno de los cuales se ejerce dentro de un determinado espacio geográfico y cada uno de los cuales da lugar, también, a entes político-territoriales de diferente nivel.

 

En el orden inverso en que aparecen constitucionalmente consagrados, existe en primer lugar el Poder Nacional que se identifica con la persona jurídica “República”, surgida del pacto federal, cuyos órganos ejercen potestades públicas en todo el territorio nacional. 

 

En segundo lugar, se encuentra el Poder Estadal, constituido por los Estados  que integran la federación, los cuales han sido definidos constitucionalmente como “entidades autónomas en lo político, con personalidad jurídica plena” (art. 159).

 

Por último, aparece el Poder Municipal, conformado por “los Municipios” que “constituyen la unidad política primaria de la organización nacional” y que “gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley” (Cfr. art. 168 C).

 

La asignación originaria de poderes públicos –y a ello no ha escapado la distribución del poder tributario- se encuentra condicionada en primer término por el sistema “federal” adoptado constitucionalmente, desde que a cada uno de esos niveles político-territoriales (Poder Nacional, Poder Estadal y Poder Municipal), la Constitución vigente –al igual que la malquerida Constitución de 1961- les ha reconocido cuotas diferentes de poder tributario.

 

En ese nuevo reparto originario del poder tributario, ha sido sin duda el Poder Nacional el que ha resultado fortalecido; en detrimento de las facultades que –en esta materia- tenían los otros Poderes Públicos, y en especial los Estados, conforme al régimen derogado.

 

1.      Poder y competencia tributaria del Poder Nacional.

 

A.     Creación y recaudación de impuestos tradicionales de significación económica.

 

En primer lugar, la Constitución otorga exclusivamente  al Poder Nacional, la facultad de crear, organizar, recaudar, administrar y controlar los tributos de mayor trascendencia económica.  Tiene entonces el Poder Nacional, tanto el poder tributario (facultad de crear el tributo, mediante ley) como la competencia tributaria (facultad de recaudarlo, administrarlo y controlarlo) (art. 156;12 C.) respecto de:

 

 

a)      El impuestos sobre la renta;

b)      El impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos;

c)      Los tributos que graven el capital y la producción;

d)      El impuesto sobre el valor agregado;

e)      Los tributos sobre hidrocarburos y minas;

f)       Los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios; y

g)      Los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás especies alcoholicas, así como los que graven los cigarrillos y demás manufacturas del tabaco.

 

B.     Otros impuestos cuya creación y administración se encuentra reservada indirectamente  al Poder Nacional.

 

Además de los ramos rentísticos expresamente atribuidos al Poder Nacional, la jurisprudencia ha reconocido, en reiteradas ocasiones, que también está reservado –en forma indirecta- al Poder Nacional, el establecimiento de cualquier tributos que grave  las  actividades económicas enunciadas en el artículo 156 de la vigente Constitución, equivalente al artículo 136 de la Constitución derogada.

 

De acuerdo con este discutible criterio jurisprudencial,  existe una ilimitación indirecta al poder tributario de los  Estados y  de los Municipios que les impide –so pena de incurrir en usurpación de funciones- establecer tributos que se apliquen al “turismo”[1], a  “la navegación”,  al  “transporte aéreo, marítimo, fluvial y lacustre”[2]; y a las “telecomunicaciones”[3], ya que el régimen general aplicable a esas actividades económicas ha sido reservado al Poder Nacional y tal reserva abarca –en palabras de la jurisprudencia- “toda su regulación, incluyendo la determinación del pago de tributos, así como el régimen para su imposición”[4].  

 

C.     Poder tributario, sin competencia tributaria,  sobre nuevos tributos: impuestos  territoriales y sobre transacciones inmobiliaria.

 

 

En tercer lugar, la Constitución otorga al Poder Nacional la facultad de crear dos nuevos impuestos específicos, para gravar los “predios rurales” y “las transacciones inmobiliarias”.

 

 

En cuanto al impuesto territorial o sobre predios rurales, interesa destacar que se trata de un tributo que, además de allegar recursos financieros al Municipio, persigue una clara finalidad extrafiscal: contribuir eficazmente a evitar que la capacidad productiva de los predios rurales sea subutilizada, lo que se logra mediante un encarecimiento, a través del mencionado tributo, del valor de mantenimiento de las tierras ociosas, que incentive a sus propietarios a realizar actividades productivas sobre la misma.

 

Por su parte, el impuesto a las transacciones inmobiliarias tendrá por objeto gravar las transmisiones onerosas, por acto intervivos, de los bienes inmobiliarios, así como la constitución de derechos reales, prestamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas.  Un tributo similar –denominado “impuesto sobre transmisiones patrimoniales”- existe en el régimen español, con una alícuota que va desde el 4% hasta el 6% de la operación inmobiliaria efectuada.

 

Cabe destacar que si bien la facultad de crear esos impuestos corresponde al Poder Nacional, la competencia tributaria se asigna, sin embargo, a los Municipios, quienes –por expresa disposición constitucional (art. 156; 14) estarán facultados para recaudarlos  y controlarlos. Se verifica así, respecto de los impuestos mencionados, lo que anunciábamos anteriormente: la facultad de crear el impuesto (poder tributario) corresponde a un ente (República), mientras que la competencia para recaudarlo y administrarlo pertenece a una persona jurídica diferente (Municipio).

 

D.    Competencia tributaria residual a favor del Poder Nacional.

 

 

La vigente constitución, reserva al Poder Nacional, competencia residual para crear, administrar y controlar  todos “los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constitución y la ley” (art. 156; 12, parte in fine).  

 

Se ha eliminado así el «derecho a inventar impuestos»  en materias residuales, que todos los sistemas federales reconocen en beneficio de las entidades  políticas intermedias.

 

Ello implica un cambio profundo con el régimen constitucional derogado, en el cual se respetaba, a cabalidad, el principio propio de los sistemas federales según el cual las competencias residuales –es decir, aquellas que no han sido expresamente atribuidas a los otros Poderes Públicos- corresponden a los Estados que integran el pacto federal.

 

Recuérdese, en efecto, que el artículo 136, ordinal 8, de la Constitución del ‘61, confería al Poder Nacional competencia sobre “los impuestos tasas y rentas no atribuidos a los Estados y Municipios, que con carácter de contribuciones nacionales creare la ley”.  Hacía falta entonces una “ley” que reservara al Poder Nacional la creación de un determinado ramo rentístico; y en ausencia de esa “ley” la potestad de crear el tributo en cuestión correspondía a los Estados quienes, sin excepción, tenían competencia en “todo lo que no corresponda, de conformidad con la Constitución, a la competencia nacional o municipal” (art. 17; 7 C. 61).

 

Precisamente el análisis concordado de aquellas disposiciones había llevado a la doctrina a  señalar que los Estados tenían Poder Tributario Originario para la creación, organización y recaudación de los tributos que no estuvieren reservados al Poder Nacional[5]; interpretación que había sido acogida por la jurisprudencia, tal como se puso de manifiesto en la sentencia de la Corte en Pleno de fecha 8 de julio de 1998 (Caso: Asociación Civil Aeroclub Valencia, Expediente N° 660) en la cual se señaló que “...de la normativa constitucional deriv(a) que, todos aquellos otros consumos específicos no gravados por el Poder Nacional forman parte del dominio rentístico del Poder Estadal.

 

Tal situación ha cambiado.  Lamentablemente el cambio ha sido para fortalecer al Poder Nacional y, correlativamente, debilitar la potestad tributaria de los Estados.

 

El principio ahora es el contrario: de acuerdo con la parte final del numeral 12 del artículo 156 de la Constitución,  el poder residual para  crear, organizar y administrar los tributos no atribuidos a los Estados y a los Municipios, corresponde al nivel nacional; pero la ley –también nacional, por cierto- puede atribuir esos ramos rentísticos a los Estados o a los Municipios.

 

En consecuencia, los Estados han dejado de tener poder tributario originario en las materias rentísticas residuales, las cuales sólo podrán entrar a regular en forma derivada, cuando la “ley nacional” le atribuya –mediante delegación o descentralización- esa facultad. Quedaría por determinar si en este punto puede entenderse vigente o no, el ordinal 4 del artículo 11 de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público que transfiere a los estados la “organización, recaudación, control y administración de los impuestos específicos al consumo, no reservados por Ley al Poder Nacional”.

E.     Competencia del Poder Nacional para regular aspectos formales y  sustantivos de los tributos nacionales, estadales y municipales.

 

Al debilitamiento del Poder Tributario Originario de los Estados, precedentemente comentado, se agrega un ingrediente centralizador  de mayor trascendencia, que se concreta en el reconocimiento constitucional (art. 156; 13) de competencias legislativas, en beneficio del Poder Nacional, para “...definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales” (art. 156; 13).

 

Esa norma, sin precedente en la historia constitucional venezolana, viene a aniquilar definitivamente la autonomía legislativa de los Estados y Municipios en la regulación de los tributos de su competencia, desde que habilita ampliamente al legislador nacional a inmiscuirse hasta en el aspecto más sensibles de los tributos: su monto o alícuota.  Y para que no quede ninguna duda, la intervención del legislador nacional en esas materias se ratifica en el artículo 164, ordinal 4 de la Constitución, por cuyo intermedio se obliga a los Estados a respetar lo dispuesto en “las leyes nacionales” en lo relativo a la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios; a lo cual se agrega lo previsto  en el ordinal 6) de  la Disposición Transitoria Cuarta, que obliga a la Asamblea Nacional a aprobar, dentro del primer año contado a partir de su instalación, “Una ley que desarrolle la hacienda pública estadal estableciendo, con apego a los principios y normas de esta Constitución, los tributos que la componen, los mecanismos de su aplicación  y las disposiciones que la regulen”.

 

Se cierra con esta disposición, el circulo de facultades tributarias del Poder Nacional en el nuevo régimen constitucional.

 

2.      Poder tributario y competencia tributaria de los Estados.

 

 

A.     Poder originario.

 

 

Aunque con las limitaciones precedentemente indicadas, la Constitución de 1999 otorga a los Estados facultad originaria para crear tributos.

 

La mayoría de las competencias rentísticas asignadas a los Estados no constituyen novedad alguna, pues lo que ha ocurrido es una constitucionalización “per saltum” de los ramos tributarios que ya le habían sido transferido a los Estados por la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público (Ley de Descentralización).

 

a.      Minerales no metalicos.

 

En el proceso de llevar a la Constitución los ramos tributarios que se habían transferido a los Estados, se han introducido algunas variantes que parecen sutiles, pero que tienen como efecto  concentrar mayores poderes en el nivel nacional. El ejemplo más emblemático, es lo ocurrido respecto de los minerales no metálicos. 

 

En efecto, la Ley de Descentralización atribuía a los Estados competencia exclusiva en todo lo relativo al régimen, administración y explotación de los minerales no metálicos y –añadía la ley- la organización, recaudación y control de los impuestos respectivos (artículo 11, ordinal 2).

 

La nueva Constitución, en primer lugar, limita la transferencia a los minerales no metálicos “no reservados al poder nacional”, con lo cual permite al Poder Nacional reservarse y, en consecuencia, extraer de la potestad de los Estados, la administración de determinados minerales no metálicos. 

 

Adicionalmente, no aparece en la Constitución, la mención que hacía la Ley de Descentralización acerca de la  competencia de los Estados en lo relativo a  la organización, recaudación y control de los impuestos sobre minerales no metálicos. En  su lugar, el ordinal 12 del artículo 156 de la Constitución reserva al Poder Nacional la creación, recaudación y control de los impuestos sobre “las minas”. Nótese que la competencia tributaria del Poder Nacional versa, en general, sobre “las minas”, expresión genérica que, interpretada literalmente, confiere facultades  al Poder Nacional para establecer tributos sobre los minerales metálicos, y sobre  los minerales no metálicos.

 

Así parece haberlo asumido ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al sostener, en reciente sentencia del 8 de junio del 2.000 (Caso: Inversiones Las Canteras, C.A.), que la potestad de gravar minas y canteras, específicamente  piedras para la construcción, arena, arcilla, piedra caliza, granzón y demás minerales destinados a la construcción, podría encuadrar en las competencias del Poder Nacional por virtud de lo previsto en el ordinal 12 del artículo 156 de la Constitución.

 

b.      Papel  sellado, timbres y estampillas.

 

La única novedad rentística favorable a los Estados, contenida en la nueva Constitución, consiste en la transferencia de los ramos relativos a “timbres” y “estampillas”, los cuales, a la par del “papel sellado”, se le asignan como tributos propios (art. 164; 7).

 

Las Comisiones Legislativas de los Estados deberán, entonces, crear la legislación necesaria para que la transferencia de esos nuevos ramos tributarios (el de timbres fiscales y estampillas) se haga realidad.

 

Nada despreciable, por cierto,  resulta la percepción de esos tributos, y para corroborarlo baste señalar que de acuerdo con el presupuesto de 1999, los ingresos ordinarios del Poder Nacional, por concepto de timbre fiscal, representaron la cantidad de SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 62.809.200.000,oo) (Fuente: Exposición de Motivos del Presupuesto para el ejercicio fiscal 1999). 

 

c.       Ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras, puentes y autopistas, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial.

 

La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas; así como  puertos y aeropuertos de uso comercial, es otra de las competencias rentísticas prevista en la Ley de Descentralización  que fue elevada al texto constitucional.  Tal competencia, añade el artículo 164, ordinal 10 de la Constitución, debe ser ejercida, ahora,  en “coordinación con el Ejecutivo Nacional”.

 

Por lo que se refiere a las carreteras, puentes  y autopistas, ya ha sido elaborado un proyecto de “Ley de Peaje de la Infraestructura Vial”, que contempla la creación de un instituto autónomo nacional denominado “Coordinadora Nacional de Peajes de la Infraestructura Vial” (CONAPIV) que se inmiscuirá en prácticamente todos los aspectos relacionados con la administración y aprovechamiento de la vialidad pública; y tendrá facultades –incluso- para intervenir al concesionario seleccionado por el Estado o los Institutos Autónomos Estadales. El mismo instrumento contempla que corresponderá al Ejecutivo Nacional aprobar las tarifas de peaje y su modificación.

 

Esta es otra muestra, sin duda,  del reforzamiento ocurrido respecto de los poderes del nivel nacional y la quiebra de la autonomía de los Estados en la gestión de sus competencias.

 

 

 

 

 

B.     Poder Derivado.

 

Además de los tributos que la Constitución otorga directamente a los Estados, existe la posibilidad de ampliar la esfera de poderes tributarios de estas entidades mediante mecanismos de desviación de competencia.

 

A tal efecto, el artículo 157 de la Constitución autoriza a “La Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes” para “atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas materias de competencia nacional”.

 

Es posible entonces que por esa vía, el Poder Nacional transfiera a los Estados la competencia exclusiva para crear, organizar, administrar y recaudar tributos que de acuerdo con el régimen originario Constitucional, son de la exclusiva competencia del Poder Nacional.

 

Como en la descentralización se transfiere la titularidad misma de la competencia, una vez efectuada la transferencia de competencias en ejecución del artículo 157 Constitucional, el Poder Nacional pierde la facultad de regular la materia transferida, la cual –una vez perfeccionada la descentralización- se convierte en  competencia “exclusiva” de los Estados. Cuando ello ocurra, los Consejos Legislativos de los Estados deberán dictar las respectivas leyes para regular la materia que les hubiere sido transferida.

 

El proceso de descentralización es irreversible mediante ulteriores modificaciones legislativas, pues el Poder Nacional habrá perdido competencia incluso para retrotraer dicho proceso, de modo que para recuperar las competencias previamente descentralizadas será necesario emplear los mecanismos de modificación del Texto Constitucional.  

 

C.     Transferencia de competencia tributaria desde el Poder Nacional.

 

 

Otra figura prevista constitucionalmente para favorecer el desarrollo de las haciendas públicas estadales, es la asignación, por ley nacional, a favor de los Estados, de facultades para administrar, recaudar y aprovechar impuestos, tasas y contribuciones nacionales.

 

Este mecanismo –consagrado en el artículo 167; ordinal 5 de la Constitución- supone que mediante ley nacional se cree un determinado tributo, o se modifique alguno de los ya existentes, pero en lugar de ser el Poder Nacional quien perciba el dinero proveniente del tributo en cuestión, la misma ley nacional otorgaría a los Estados la competencia de recaudarlo y administrarlo, de modo que el Poder Tributario estará en manos del nivel nacional; pero la competencia tributaria: la recaudación, la administración y el aprovechamiento del tributo, será ejercida por los órganos ejecutivos de los  Estados.

 

A diferencia de lo que ocurre con la descentralización de potestades tributarias, que como dijimos antes no puede ser revertida mediante ley,  cuando lo que se transfiere es sólo la competencia para recaudar y administrar el tributo, el Poder Nacional conserva la titularidad de la facultad normativa, de modo que –al menos jurídicamente- en cualquier momento puede modificar la ley y recobrar la competencia de recaudación y administración del impuesto.

 

 

 

III.             EL SITUADO CONSTITUCIONAL.

 

 

Finalmente, y a propósito de completar el tema que se me ha asignado en el marco de este evento, advertimos que el artículo 147, numeral 4 de la Constitución vigente, regula una de las principales fuentes de financiamiento de los Estados: el situado constitucional. Las características principales de dicha regulación son las que se describen a continuación:

 

1.      El situado se fija constitucionalmente en un máximo de 20%, y un mínimo de 15% del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional. (Antes de la vigencia de la Constitución de 1999, el porcentaje que correspondía a los Estados en concepto de situado se encontraba establecido, fijamente, en 20% de los ingresos ordinarios del Fisco: art. 13 Ley de Descentralización).

 

2.      La asignación por concepto de situado constitucional corresponde a los Estados y al Distrito Capital.

 

3.      La distribución del situado se hace en la forma siguiente: el 30% se distribuye en partes iguales y el 70% en proporción a la población de cada una de las entidades.

 

4.      Los Estados  están obligados a invertir el 50% de  los montos que le correspondan por concepto de situado en obras de inversión. Curiosamente la obligación no comprende al Distrito Capital.

 

5.      Las variaciones de los ingresos del Fisco Nacional, que impongan una modificación del Presupuesto Nacional, implicarán un reajuste proporcional del situado.

 

6.      A fin de preservar la equidad interterritorial, el situado podrá ser “compensado”, hasta llegar al límite mínimo de 15%,  con la transferencia de impuestos, tasas y contribuciones nacionales. (art. 167; ordinal 5).

 



[1] Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Expediente Número: 509. Partes: José Rafael Badell Madrid y Luis Fraga Pittaluga. Magistrado Ponente: Hector Grisanti Luciani. Fecha de Sentencia: 20 de febrero de 1997.

[2] Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Expediente Número: 525. Partes: José Rafael Badell Madrid y Alvaro Rafael Badell Madrid. Magistrado Ponente: Humberto J. La Roche. Fecha de Sentencia: 17 de abril de 1996.

[3] Sentencia de la Sala Político-Administrativa. Fecha: 16 de julio de 1996. Caso: Telcel Celular, C.A.

[4] Ibid.

[5] Allan Brewer-Carías, "El sentido de la autonomía de los Estados y sus limitaciones", en Revista de Derecho Público N° 12, octubre-diciembre, 1982, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, pp. 55 a la 63; del mismo autor, "Comentarios sobre la nueva Constitución del Estado Yaracuy del 22 de diciembre de 1979", en Revista de Derecho Público N° 1, enero-marzo, 1980, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, p. 67. Instituciones Políticas y Constitucionales, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1982, p. 202; Carmen Adela López de La Roche, "Aspectos Fiscales del Federalismo Venezolano", en Revista de la Facultad de Derecho del Zulia, Nro. 40, enero-abril, 1970, Maracaibo, p. 93; Rafael Romero Pirela, "La Reforma Tributaria. Instrumento de la Autonomía de los Estados", en Terceras Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, Caracas, 1989, p. 92; Humberto Romero-Muci, "Aspectos Tributarios en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público", en Leyes para la Descentralización Política de la Federación, Colección Textos Legislativos Nro. 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990).