LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

 

 

Carmelo De Grazia Suárez.

 

 

I. ALCANCE Y SIGNIFICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD.

 

Como mucho de los principios que hoy se predican en el procedimiento administrativo, la exigencia de imparcialidad y objetividad  tuvo  origen judicial.  Se trata de  principios  que cobraron  carta de naturaleza en Inglaterra, a propósito de la formulación de la regla conforme a la cual “nadie puede ser juez en su propia causa”.

 

La Constitución Italiana hizo recepción expresa del principio de imparcialidad y exhortó al legislador a normar la organización administrativa de forma que este principio pudiera tener aplicación efectiva. En tal sentido, estableció la Constitución italiana -en su artículo 97-  que “los oficios públicos estarán organizados según la disposición de la ley,  de modo que aseguren ... la imparcialidad de la administración”.  

 

En Francia, en ausencia de norma legal expresa, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado, desde el Arréte Trébes del 4 de marzo de 1949, que “la imparcialidad en el procedimiento administrativo es un principio general del Derecho”.

 

El artículo 103.1, párrafo 3º, de la Constitución  Española, a la par de proclamar la objetividad de la Administración Pública en el servicio de los intereses generales, invita a  establecer por vía de Ley,  las garantías necesarias para mantener la imparcialidad del personal administrativo.

 

 

En Venezuela, el principio de imparcialidad se encuentra consagrado en el artículo 145 Constitucional, conforme al cual “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”.

 

Además, ha sido reconocido jurisprudencialmente como un principio general del derecho, aplicable al procedimiento administrativo y así lo declaró la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 21 de octubre de 1985. Asimismo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al enumerar en su artículo 30 los principios que deben regir la actividad administrativa, incluye como uno de tales principios  el de “imparcialidad”. Existen, también, leyes administrativas especiales  en las cuales   -seguramente para prevenir su olvido- se recuerda que la actuación  de determinadas Administraciones Públicas deben estar presididas por los principios de imparcialidad y objetividad y ese es, por ejemplo, el caso de la  Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (artículo 4).

 

Los principios de imparcialidad y objetividad háyanse, entonces, reconocidos en nuestro país, constitucional, jurisprudencial y legalmente.

 

El respeto de esos principios exige que los órganos administrativos decidan los asuntos que se llevan a su conocimiento, sin ningún tipo de consideraciones extrañas al interés general.  Se infringe, en consecuencia tal principio, y por lo tanto se contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo,  cuando el funcionario que encarna a un órgano de la Administración,  participa en la solución de un asunto en el cual tiene algún interés personal, sea de  carácter pasional, familiar,  ideológico,  político, económico  o de cualquier otra especie (imparcialidad objetiva).

 

Asimismo, la imparcialidad  y objetividad supone que el órgano a quien compete decidir un asunto, no tenga una posición preconcebida,  que pueda influirlo a decidir en una determinada forma (imparcialidad subjetiva), de manera que no queda satisfecho el referido principio cuando en la fase decisoria interviene, activamente, un funcionario que ha participado como perito o testigo en el procedimiento; y mucho menos se respeta la garantía de imparcialidad y objetividad, cuando la decisión es adoptada por un funcionario que  ha adelantado opinión sobre el caso que le corresponde decidir. 

 

El principio de imparcialidad ha sido asimilado, finalmente, a la observancia de la igualdad y no discriminación de los ciudadanos.  Por ende, se irrespeta el señalado principio cuando un órgano administrativo resuelve situaciones idénticas en forma distinta.

 

II. MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.  

 

Tal como lo postula el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el principio de imparcialidad y objetividad tiene un alcance general y, por tanto, se extiende a toda la actividad administrativa.

 

Así, para respetar el principio de imparcialidad y objetividad,  las medidas administrativas  de fomento,  tales como los incentivos y subsidios que puede otorgar el Estado,  tienen que acordarse a todos los sujetos que reúnan las condiciones objetivas previamente determinadas por la Ley o por los reglamentos para gozar de esas medidas de fomento.   El otorgamiento de medidas de esa especie en forma particularizada constituye una práctica discriminatoria y,  como tal, se encuentra reñida con la imparcialidad y objetividad de la autoridad administrativa que la concede.

 

En el campo de la prestación de servicios públicos también se encuentra presente el principio de imparcialidad, entendido como sinónimo de no discriminación, pues en esa área del quehacer administrativo se reconoce que los derechos de los usuarios del servicio deben ser protegidos con neutralidad, garantizándoles  igualdad de condiciones.

 

El área de la contratación administrativa es otro de los sectores en los cuales se ha acogido con mucha fuerza el principio de imparcialidad y objetividad. Para garantizar la imparcialidad y objetividad en el ámbito contractual, se ha llegado incluso a romper el principio de libre contratación, al punto que en estos tiempos, cuando las más importantes convenciones de la Administración se logran  a través de procedimientos de licitación o de concursos,  en los cuales  se impone la idea de  igualdad de los oferentes o concursantes,  resulta hasta difícil explicar que el principio general no es el de la licitación, sino el de la libre contratación.  Y es que la proliferación de procedimientos concúrsales y licitatorios, destinados,  más que a obtener mejores precios, a garantizar la imparcialidad y objetividad en la adjudicación de los contratos celebrados por la Administración,  ha hecho que el principio general de libre contratación se convierta realmente en una excepción.

 

III. GRADOS DE IMPARCIALIDAD.

 

Al confluir en la Administración la doble condición de juez y parte con motivo de un procedimiento administrativo, el principio de imparcialidad  –propio del proceso judicial- resulta relativizado en cierta medida.  Existe, al menos, en palabras de García de Enterría, cierta tensión entre la posición institucional que –en defensa del interés general- asume la Administración y el efectivo cumplimiento de esos principios.

           

Debe admitirse, igualmente, que los principios de imparcialidad y objetividad son exigibles en algunos procedimientos con más fuerza que en otros.

 

 

1.- Imparcialidad en procedimientos administrativos arbítrales.

 

En este sentido, se entiende que la Administración debe proceder con el grado máximo de imparcialidad, cuando ejerce funciones jurisdiccionales, esto es, cuando  actúa como un arbitro entre dos partes. 

 

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 6 de mayo de 1994 (Caso: Varios vs Universidad Centroocidental “Lisandro Alvarado”), ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este punto, al decidir una acción de amparo contra un acto administrativo, en la cual se había denunciado la violación del derecho a ser juzgado por jueces “naturales e imparciales”,

 

En el caso concreto, los accionantes en amparo habían denunciado la infracción del derecho a ser juzgado por jueces “naturales e imparciales” y, como fundamento de tal denuncia, habían invocado lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución.  Al decidir el caso, la Corte sostuvo que “El artículo 69 (de la Constitución)  mencionado por los accionantes, en realidad se refiere solo a los jueces naturales, sin mencionar  en modo alguno a  los “jueces imparciales”.

 

No obstante, señaló la Corte, “De acuerdo con nuestro sistema amplio de protección constitucional por vía de amparo, ello no es obstáculo para utilizar ésta vía, ya que la misma sirve para pedir protección de todo otro derecho inherente a la persona humana no previsto expresamente en la Constitución, según lo que prevé al respecto su artículo 50”, por lo que resultaba necesario determinar si ciertamente existe un derecho inherente  la persona humana de ser juzgada por jueces imparciales.

 

Sobre esta disyuntiva (existencia de un  derecho a ser juzgado por jueces imparciales) la Corte Primera consideró que ello era indudable en lo que se refiere al ejercicio de la función jurisdiccional,  cuando el órgano estatal tiene como misión la de resolver un conflicto intersubjetivo,  producido entre partes que defienden cada una un interés de valor teóricamente igual, por lo que dicho órgano estatal debe comportarse ante tal conflicto como un árbitro imparcial y resolverlo por la vía de aplicar al mismo la normativa preexistente.

 

Añadió la Corte, que la garantía de imparcialidad constituye un derecho fundamental de las partes involucradas, tanto en el caso de que la función jurisdiccional sea ejercida por los órganos que la tienen atribuidas como propias, es decir, los tribunales de justicia,  como cuando por disposición de la ley determinados órganos administrativos tienen la responsabilidad de ejercerla, como sucede en los denominados procedimientos cuasijurisdiccionales.

 

 

Encontramos así, que en el ámbito de los procedimientos administrativos de carácter jurisdiccional, también conocidos como procedimientos arbitrales, la imparcialidad constituye un “derecho fundamental, inherente a la persona humana”, de modo que la inobservancia de ese principio en los procedimientos de esa especie  se traduce en violación de un derecho fundamental: el derecho a ser juzgados por jueces imparciales.

 

 

            2.- Imparcialidad en los procedimientos sancionatorios.

 

La neutralidad o imparcialidad de la Administración debe acentuarse, igualmente, cuando ella ejerce una actividad punitiva, toda vez que, como lo recuerda el profesor García de Enterría,  entre el procedimiento sancionador y el proceso judicial penal se impone una comunidad de principios.  Resultaría aplicable, por lo tanto,  en el procedimiento administrativo sancionador, la garantía fundamental, que informa toda la actividad punitiva del Estado, conforme a la cual nadie puede ser sancionado sino por autoridades imparciales . 

 

El rango constitucional del principio de imparcialidad en el campo del procedimiento administrativo sancionatorio ha sido reconocido también por la jurisprudencia del orden Contencioso Administrativo.

 

En este sentido, la Sala Político-Administrativa, en sentencia del 29 de mayo de 1997 al conocer en segunda instancia el juicio de amparo incoado por la sociedad cooperativa Acomisur contra la  Superintendencia Nacional de Cooperativas, señaló que el derecho a la necesaria imparcialidad de los entes sancionadores “constituye una libertad o garantía para los ciudadanos que, en nuestro país, debe tener cabida en el artículo 50 de la Constitución”.

 

En este caso, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, al dictar sentencia en primera instancia, había considerado que el derecho a la imparcialidad de la autoridad sancionatoria, consagrado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos,  sólo adquiría rango constitucional cuando el sujeto sometido al procedimiento sancionatorio fuese una persona natural.  En otras palabras, a juicio de la Corte,  las personas jurídicas no tenían un derecho “constitucional” a ser sancionados por autoridades imparciales; y a esa conclusión se llegaba mediante la interpretación gramatical del artículo 50 de la Constitución, norma que otorga protección y rango constitucional a todos los otros derechos “inherentes a la persona humana” aunque no figuren expresamente en su texto.   En esa frase derechos “inherentes a la persona humana” encontró la Corte una limitación,  que le impedía reconocer rango fundamental al derecho a la imparcialidad de la autoridad sancionatoria, a favor de una persona jurídica.  En definitiva, de acuerdo con este criterio,  las personas jurídicas no son “personas humanas” y, por lo tanto,  no se benefician de la cláusula de derechos fundamentales residuales prevista en el artículo 50 de la Constitución, de manera que, respecto de las personas jurídicas, la imparcialidad de la autoridad administrativa sancionatoria no constituye un derecho de rango constitucional, sino un principio de carácter legal.

 

 

Esta interpretación fue rechazada por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, y  al resolver el caso en vía de consulta, sostuvo que  “El hecho de que la accionante sea una persona jurídica, en sentido estricto, y no una persona natural, poca importancia tiene a los fines de entender como fundamentales o no los derechos reconocidos en tratados internacionales, ya que esos derechos o garantías tienen en nuestro país el carácter de constitucionales de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución y si bien se le reconocen de esa manera a los particulares, como personas naturales, no hay justificación alguna que para personas jurídicas, que también pueden ser lesionados en ellos como cualquier otra persona, no les sea reconocida la supremacía de tales derechos.

 

Obsérvese, entonces, que de acuerdo con la doctrina de la Sala Político-Administrativa del Supremo Tribunal, independientemente de la condición del sujeto sometido a un procedimiento sancionatorio, trátese de una persona natural o de una jurídica en sentido estricto, en ese tipo de procedimientos, al igual que en los jurisdiccionales o arbitrales, la imparcialidad de las autoridades administrativas decisoras adquiere la mayor supremacía posible: es un derecho constitucional.

 

 

3.-  Imparcialidad en procedimientos administrativos típicos.

 

A diferencia de lo que ocurre en los procedimientos jurisdiccionales y en los procedimientos sancionatorios, en los cuales, como quedó dicho anteriormente,  se reconoce que la imparcialidad adquiere su máxima intensidad y se transforma en un verdadero derecho fundamental,  protegible incluso por vía de la acción de  amparo, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha señalado que en el resto de los procedimientos administrativos  la “noción de imparcialidad no puede tener el mismo sentido”. 

 

Se ha afirmado así,  (S. 6 de mayo de 1994), que “el órgano administrativo, sometido como está al principio de legalidad, está obligado a cumplir la ley y no puede ser arbitrario en su decisión;  pero es connatural a su misión en que su decisión esté orientada al logro del interés público del que es titular.  Su único límite, en este sentido, es que no utilice ese poder para una finalidad distinta, lo que constituiría el vicio de desviación de poder”.   En el caso concreto, se añadió que “las personas que actúan en el Consejo Universitario son todas representantes de algún sector de la comunidad universitaria: autoridades, profesores, estudiantes.  Por eso, no podría afirmarse que cuando algunos de ellos adopten posiciones en defensa de los intereses colectivos que representan estén actuando de manera “indebidamente imparcial”. 

 

 VI.- LA IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

 

En el campo específico del procedimiento administrativo, el principio de  imparcialidad y objetividad  encuentra las más variadas manifestaciones.  Dichas manifestaciones  van desde la forma cómo deben quedar organizados los sujetos administrativos que intervienen en el procedimiento, hasta la validez misma del acto que se adopta.

 

1.- Sobre la forma como deben quedar estructurados los órganos administrativos encargados de sustanciar y decidir los  procedimientos sancionatorios.

 

En efecto, para lograr que el órgano encargado de resolver los procedimientos administrativos sancionatorios, mantenga la debida objetividad e imparcialidad,  se postula actualmente que en esa especie de procedimientos, la actividad de instrucción debe quedar separada de la función decisora, y esa separación no sólo debe ser funcional sino también orgánica:  el procedimiento administrativo sancionador debe contar, entonces, con dos etapas, una encaminada a averiguar los hechos y a dejar constancia de la conducta presuntamente infractora; y la otra destinada a juzgar formalmente esa conducta, aplicar la sanción correspondiente o absolver al  investigado.  El conocimiento de ambas etapas del procedimiento debe estar a cargo de órganos distintos,  por lo que no puede coincidir la actividad instructora y decisora en manos de un mismo órgano.        

 

 

Esta regla,  que no es más que una medida legislativa destinada a asegurar la imparcialidad y objetividad de la Administración, se encuentra consagrada con carácter preceptivo en España, cuya Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que «Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos».

 

No existe en Venezuela una disposición similar, que obligue a colocar en dos órganos distintos las actividades instructoras y decisoras en los procedimientos de carácter sancionatorio.  Sin embargo, la tendencia legislativa ha sido precisamente esa: 

 

Observamos así, que en  los procedimientos disciplinarios  que puede seguir el Consejo de la Judicatura  contra los Jueces, la fase de instrucción se cumple ante un órgano (Juez Sustanciador) quien, luego de culminada la etapa de sustanciación, ha de pasar el expediente al un órgano distinto (Tribunal Disciplinario) a fin de que adopte la decisión respectiva.

 

Similar es la situación en los procedimientos sancionatorios sustanciados con arreglo a las disposiciones de la Ley Procompetencia, pues todo lo relativo a la sustanciación de esos procedimientos lo lleva a cabo una Sala de Sustanciación, que se encuentra a cargo del Superintendente Adjunto. Cuando se precisa adoptar una decisión concreta, sea ésta de carácter cautelar o definitiva, el expediente debe ser remitido al Superintendente.

 

 También en el ámbito del procedimiento de determinación y aplicación de medidas antidumping y antisubsidios, se encuentran separadas, en dos órganos, las funciones de instrucción y decisión; las primeras se encuentran a cargo de la Secretaría Técnica, mientras que la etapa decisoria  compete a la Comisión Antidumping.

 

Es evidente entonces, que aún en ausencia de un precepto similar al que existe en España, que impone al legislador la obligación de separar las funciones de instrucción y decisión en los procedimientos sancionadores,   la tendencia del legislador venezolano ha sido la de acudir a tal  separación, y  con ello  se persigue  -evidentemente- que la autoridad a quien corresponde decidir el asunto no se vea influenciada en  tomar una decisión en un determinado sentido, como consecuencia de su participación inquisitiva en la obtención de pruebas y la demostración de los hechos que se pretenden sancionar.

 

Ocurre, sin embargo, que en  ausencia de un precepto general que obligue a separar la actividad instructora y decisoria, en algunos procedimientos sancionatorios, ambas funciones quedan en manos de un mismo órgano.  Así ocurre, por ejemplo, en las averiguaciones administrativas que sigue la Contraloría General de la República, para determinar si ha ocurrido alguna falta que pueda dar lugar a una declaratoria de responsabilidad administrativa.   En efecto,  la facultad de sustanciar y decidir  -en primer grado- estos procedimientos se encuentra atribuida al Director de Averiguaciones Administrativas.

 

En estos casos, el atemperamiento del principio de imparcialidad en la repartición de las tareas de sustanciación y decisión,  se compensa mediante el reforzamiento de otras garantías sustanciales.

 

Ciertamente, en estos casos, la autoridad  administrativa, al actuar como sustanciador, debe mantenerse en un absoluto plano de objetividad, cuidándose especialmente de no formarse una opinión parcializada, antes de que el investigado tenga oportunidad de exponer sus alegatos y  pruebas. Si llegase a quedar comprobado que la autoridad administrativa, en la fase de sustanciación, ha prejuzgado sobre la culpabilidad del investigado, todas las actuaciones procedimentales se consideran absolutamente nulas y sin efectos, desde que ello entraña una violación del derecho a ser sancionado por autoridades imparciales y a  la presunción de inocencia.

 

Sobre este particular, es elocuente la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 22 de agosto de 1996, en la cual se acordó DEJAR SIN EFECTOS las Actas de Formulación de Cargos levantadas por la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Contraloría General de la República y los actos subsiguientes a dichas Actas. 

 

La razón que tuvo la Corte para proceder de esa manera, consistió en que las mencionadas Actas de Formulación de Cargos, levantadas en la etapa de sustanciación del procedimiento,  por la misma funcionaria que debía resolver la averiguación, se pronunciaban ya de manera enfática sobre la culpabilidad de los investigados, al afirmar categóricamente que la conducta observada por ellos se “subsume dentro del supuesto de hecho previsto en el ordinal 8º, artículo 41 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público...”. Consideró la Corte, que la autoridad administrativa, al afirmar en las Actas de Formulación de Cargos,   que la conducta de los investigados se “subsume” en el supuesto de la norma sancionatoria había prejuzgado sobre su culpabilidad, pues antes de tomar decisión definitiva ya se había inculpado a los interesados, cuando lo cierto es que en esa fase del procedimiento tenían el carácter de indiciados”.

 

Distinto, sin duda, habría sido el resultado, si las actividades de sustanciación en el procedimiento sancionador, y especialmente, el levantamiento del Acta de Cargos, se hubiere puesto en manos de un órgano distinto al que debía decidir, pues en esos supuestos, aún cuando se utilicen términos enfáticos y cuasidefinitivos en la fase de formulación de cargos, no podría alegarse violación del derecho a la presunción de inocencia y a no ser sancionado sino por autoridades imparciales, pues las apreciaciones del funcionario sustanciador no podrían imputarse directamente al órgano que tiene la facultad decisoria.

 

De manera pues, que incluso para lograr mayor libertad de acción en la etapa de instrucción del procedimiento sancionador, conviene adjudicar la facultad para sustanciar esa etapa, a un órgano distinto de aquél que tiene a cargo la misión de decidir el procedimiento.

 

 

2.- De la inhibición.

 

El mecanismo más tradicional para asegurar la imparcialidad y objetividad de las autoridades administrativas, consiste en la consagración de causales objetivas de  “inhibición”.  Cuando alguna de esas circunstancias se verifica en un caso concreto, el funcionario estará en el deber legal de apartarse o abstenerse de conocer  el caso y remitir el expediente a su superior, a objeto de que éste resuelva sobre la procedencia de la inhibición y, en caso de que sea procedente, designe un funcionario que sustituya al inhibido. 

 

Esta figura, desarrollada ampliamente en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, carece –sin embargo- de eficacia en nuestro régimen, pues, ante el incumplimiento del deber de inhibición por parte del funcionario administrativo,   no puede el administrado proponer recusación en su contra, sino que –de acuerdo con el  artículo 36 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos-  debe conformarse con solicitar al máximo jerarca de la Administración  que ordene, al funcionario que se ha debido inhibir y no lo hizo, apartarse del conocimiento del asunto.

 

El   respeto de la garantía de  imparcialidad y objetividad en el procedimiento administrativo, impone una evolución en esta materia.  Es necesario, en efecto, que se reconozca la posibilidad de recusar directamente al funcionario que ha debido inhibirse y no lo hace, como ocurre –por ejemplo- en el ordenamiento Español. La recusación, una vez planteada, ha de tener como efecto inmediato la separación del funcionario del conocimiento del caso. Y si lo que se pretende es que el procedimiento no se paralice con motivo de la recusación, la vía para evitar ese evento no puede ser  eliminando  el derecho a la recusación, antes bien,  ello puede solucionarse mediante la obligación de pasar el expediente en forma inmediata a otro funcionario de la misma jerarquía para que continúe el trámite, hasta tanto el superior jerárquico decida sobre la procedencia de la recusación, tal como ocurre en materia judicial. 

 

En todo caso, la mejor doctrina (García de Enterría) y la jurisprudencia de nuestros tribunales Contencioso Administrativos (CPCA, S. 6-5-94) es conteste en señalar que  la sola falta de inhibición del funcionario administrativo, cuando existía causal para ello, no produce automáticamente la nulidad del acto administrativo, sino que implica –a lo sumo- un indicio de desviación de poder,  de manera que  para declarar la nulidad del acto es necesario demostrar plenamente que la causal de inhibición influyó efectivamente en la decisión adoptada.

 

 

3.-  Imparcialidad y pruebas.

 

Los principios de imparcialidad y objetividad se proyectan también en el ámbito de la actividad probatoria de la Administración.  Recuérdese, en efecto, la Ley atribuye, en diversas ocasiones, presunción de certeza a las  declaraciones, Actas de Fiscalización y dictámenes periciales de los funcionarios administrativos.  Esas actuaciones procedimentales se “presumen ciertas” hasta que sean desvirtuadas mediante prueba en contrario.  Pues bien,  como afirma el profesor  VincenC Aguado, en su obra La presunción de certeza en el Derecho Administrativo Sancionador, el hecho de que un funcionario hubiere participado en la evacuación de estas probanzas excluirá que éste pueda llegar a resolver el procedimiento, por cuanto resultaría aplicable en tal caso la causal de inhibición o abstención relativa a “Haber tenido intervención como perito o testigo en el procedimiento” (artículo (artículo 36, ord. 3 LOPA).

 

4.- Imparcialidad y estabilidad del acto administrativo.

 

Finalmente, la exigencia de imparcialidad y objetividad trasciende incluso la etapa definitiva del procedimiento administrativo y se proyecta sobre la estabilidad misma del acto administrativo firme.  Cabe recordar, ciertamente, que las decisiones parcializadas, que se adopten mediante cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta, son susceptibles de impugnación mediante el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo 97 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativo.

 

En conclusión, la garantía de imparcialidad y objetividad, cuyo rango normativo varía según la naturaleza del procedimiento administrativo, condiciona definitivamente toda la actividad administrativa, se manifiesta así, en el ámbito de la actividad de fomento, prestacional  y contractual; y en el aspecto específico del procedimiento administrativo, impone condicionamientos que van desde la forma como deben repartirse las funciones de instrucción y de decisión en determinados asuntos, hasta la posibilidad de revisar los actos administrativos firmes que hubieren sido adoptado traicionando tales principios.